Por dos votos contra uno la Cámara Federal decidió que Mauricio Macri siga procesado en la causa por escuchas ilegales que se investiga desde el 2009
El tribunal confirmó la decisión del juez Casanello que en diciembre pasado no sobreseyó al jefe de Gobierno porteño porque quería evaluar información que había solicitado a Estados Unidos -vía exhorto- sobre una empresa contratada por el padre del candidato del PRO, "investigar" a su yerno.
La Sala I de la Cámara Federal, por mayoría, rechazó sobreseer al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa en la que se encuentra procesado por las escuchas ilegales. La mayoría estuvo conformada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler mientras que el juez Eduardo Farah bregó por hacer lugar al pedido del jefe de gobierno.
Los camaristas confirmaron así la decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien en diciembre pasado rechazó sobreseer a Macri pese a que no lo envió a juicio oral, por falta de pruebas, como ser, “la necesidad de aguardar la respuesta del exhorto internacional librado en autos, previo al dictado de un temperamento definitivo como el que peticionan los recurrentes”.
En diciembre del año pasado Casanello desestimó el pedido de los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, quienes solicitaron el cierre de la investigación y el sobreseimiento de su defendido en el caso de las escuchas telefónicas ilegales.
“La documentación que la defensa de Macri aportó al expediente no torna -como esa parte lo sostiene- innecesario el libramiento del exhorto internacional pues aún subsisten varios de los interrogantes allí formulados”, explicaron los jueces Ballestero y Freiler.
Casanello, consideró "prematuro" el pedido de sobreseimiento de Macri porque debía evaluar la información que pidió -vía exhorto- a los Estados Unidos respecto de la empresa de seguridad Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants, contratada por su padre, Franco Macri, para investigar a su yerno Néstor Leonardo, cuyo teléfono estuvo "pinchado" clandestinamente.
La mayoría sostuvo que “es el juez de primera instancia, en su carácter de director del proceso, quien -como consecuencia de la discrecionalidad técnica- debe determinar la conveniencia de producir o no las medidas probatorias propuestas por las distintas partes, estimando su pertinencia y utilidad”.
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