LA PISTA Noticias

Por Carolina Moisés

El dolor y la impotencia que se siente en días como hoy son indescriptibles. La sentimos todos y no podemos entender cómo llegamos a este estado. Demasiadas preguntas debemos hacernos los jujeños. No podemos evadir más esas respuestas. Necesitamos mirar profundamente dentro de cada uno de nosotros. Y observar, con ojos sinceros y críticos, el cuerpo social al que pertenecemos. Tenemos miedo de hablar en público lo que la mayoría piensa y dice en privado.

Todo esto podría haberse evitado si las Instituciones funcionaran como corresponde. La impunidad con la que se manejan todos; funcionarios, jueces, dirigentes sociales, etc., es fruto de la complicidad de los más importantes actores institucionales. Con una visión mezquina y sectaria, un minúsculo grupo de dirigentes concentra la totalidad del poder, desde donde modela y condiciona el andamiaje político e institucional de la Provincia.

Los ejes desde donde podemos tratar de analizar este difícil momento son: la conducción del Ejecutivo provincial concentrada en cinco personas; la debilidad institucional de los poderes del Estado provincial; el rol del poder corporativo económico; y la actuación de las Organizaciones sociales.

La incapacidad de un Gobierno de resolver los problemas prioritarios, a saber, en este caso: viviendas, ordenamiento territorial, conflictividad social, seguridad y orden público. Un Gobierno mediocre, que con la gestión mínima se conforma; que no recorre el interior de la Provincia, encerrado en sus despachos; que silencia la opinión pública a través del condicionamiento de los medios de comunicación; que es virtualmente conducido por un cuerpo colegiado. La debilidad de un Gobernador que debe consultar todas sus decisiones con la “mesa de los cinco”; con un gabinete donde la mayoría de los funcionarios fueron impuestos; a aquellos que no están a la altura del cargo, se los sostiene con fuerza; y a los que realmente tienen una visión superadora y una gestión exitosa en sus áreas, no hay que “dejarlos crecer”. Y, a pesar de disponer de todas las herramientas que el Gobierno Nacional ofrece, no ha sabido aprovecharlas para mejorar la calidad de vida del interior de la Provincia.

El desorden dentro de todos los poderes del Estado, que permite que los funcionarios deslinden permanentemente sus responsabilidades. Entonces hoy, en la gravedad de los hechos ocurridos, los que tienen que responder por sus actos y facultades no pueden ser individualizados concretamente. El Intendente, que no pudo llegar a un consenso con los ocupantes del predio. Los Jueces actuantes, el que dio la orden sin medir las consecuencias y la subrogante que no estaba informada del operativo. La Policía de la Provincia, por no cumplir con la cadena de mando consultando a los responsables políticos de la cartera, y por el desborde del enfrentamiento. El Ministro de Gobierno y Justicia, que no pudo manejar la fuerza pública bajo su mando, peor aun si fue él quien dio la orden de actuar. El sistema judicial, deficitario e ineficiente en su estructura institucional, designación de jueces y de personal, además de la falta de independencia. El Gobernador, por su desconexión con la realidad y en la falta de control sobre los organismos del Estado a su cargo. La organización social, por la metodología violenta con que expresa sus reclamos. El ex intendente y Diputado Nacional Marcelo Llanos, quien conociendo la realidad urbanística de la Ciudad de Libertador General San Martin, no hizo nada por resolver la problemática del crecimiento poblacional y la falta de viviendas.

El poder corporativo de algunas empresas o grupos económicos, que en sus actividades solo piensan en intereses materiales, sin importarles su responsabilidad social como parte de Jujuy. En este caso en particular, como ejemplo, una pequeña porción de tierras no vale la vida de ciudadanos jujeños. La Empresa Ledesma S.A. prefirió la vía judicial antes que buscar una solución por la vía del dialogo.

El crecimiento desmedido de la fuerza de presión de las Organizaciones Sociales, con una capacidad de movilización que puede, en menos de 6 horas, cortar las rutas de Jujuy, todos los puentes de la Ciudad Capital y movilizar a mas de 5 mil personas, por un reclamo. La toma de tierras permanente en todo el ramal jujeño, sin ningún tipo de límites en sus metodologías; donde en la reivindicación de un derecho social inalienable como el de tener una vivienda digna por parte de la gente, los dirigentes manipulan muchas veces dicha necesidad generando actos delictivos. La amenaza permanente que atenta contra la paz social, donde chocan los derechos de los diferentes actores que debieran convivir respetuosamente, sin avasallar los derechos individuales de todos los ciudadanos.

Estos muertos son muertos políticos. Son el resultado de la debilidad del Estado y de las instituciones públicas de la democracia, en Jujuy.

Hay pasividad en los dirigentes de la oposición

La oposición puede decir que no aumenta su exposición con respecto a la grave situación vivida, para que no los tilden de oportunistas, o de aprovechar el momento politizándolo. Pero TODA la situación está politizada desde su inicio. El sangriento enfrentamiento y la muerte de cuatro personas es el hecho más doloroso vivido en los últimos años de nuestra historia. Y es el hecho político más relevante, sobre el cual es imprescindible llegar hasta el fondo de las investigaciones para encontrar a los culpables e identificar a los responsables políticos e institucionales.

Hay una connivencia desde el año 2000, entre los dos partidos mayoritarios, PJ y UCR, que se ha evidenciado en varias oportunidades. En ese vínculo está la clave de la impunidad, la desidia, la falta de control, las complicidades legislativas, y la concentración de poder en Jujuy.

Esa concentración provoco la desaparición de la mayoría de los Partidos Políticos chicos, y la debilidad de los pocos que aun tienen vigencia. En ese marco, la participación política contenida por los partidos como actores fundamentales de la democracia, se ha visto totalmente anulada. Por lo que las demandas sociales insatisfechas, en vez de ser canalizadas institucionalmente por los partidos, cumpliendo con una de sus funciones propias; estas se han trasladado a las organizaciones sociales, transformadas en portavoces de las necesidades de la gente y gestoras de las soluciones.

Gerardo Morales, cuando fue agredido en el 2010, utilizo su exposición pública y llegada a los medios masivos de comunicación nacionales, para denunciar el acto de violencia contra su persona por parte de la Organización Túpac Amaru.

En esta instancia, donde murieron cuatro jujeños en un enfrentamiento con la Policía de la Provincia de Jujuy, no lo vimos al Senador en ningún canal nacional denunciando y expresando su repudio sobre el hecho. La pregunta es: ¿Vale más la integridad física del Senador Gerardo Morales que la vida de cuatro personas? ¿Hizo tanto ruido antes, porque la Organización a la que el denunciaba, es de corte kirchnerista; y en esta instancia, la Organización social que está involucrada en este hecho es opositora, como él?

¿Sera porque él estaba al tanto de la resolución tomada por el Juez Samman? Un juez de expreso y probado vinculo con la Unión Cívica Radical; el cual debe haberlo consultado antes de tomar la decisión. Un Juez que habitualmente, desde el año 2000, meses previos a las elecciones toma medidas de alto impacto político, afectando abiertamente desde sus facultades, al Justicialismo jujeño. Un Juez, que con total desidia, deja la orden de desalojo firmada y se va de vacaciones.

O será que los intereses y sociedades políticas del Senador radical se verían afectados severamente si asumiera el rol que le toca como mayor exponente del arco político opositor, liderando el proceso de esclarecimiento de estos hechos.

El Gobierno Nacional no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos

En primer lugar, porque ha sido un problema netamente local, donde todas las instituciones involucradas, que no funcionaron para resolverlo pacíficamente, son de orden Provincial. En ningún aspecto del caso hay responsabilidad de organismos del Estado Nacional.

En segundo lugar, a pesar de la filiación política afín entre el Gobierno Nacional y Provincial, no se puede hacer cargo a las autoridades nacionales de los errores y faltas de las autoridades provinciales, aunque formen parte del mismo partido político.

En tercer lugar, la inversión realizada por el Gobierno Nacional en la Provincia de Jujuy fue la más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, en nuestra historia. En todos los órdenes de políticas públicas, se han aplicado la mayoría de los Programas y Planes Nacionales, con un altísimo impacto en la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes. Por supuesto, que no se ha resuelto aun todas las problemáticas pero el esfuerzo realizado hasta hoy es realmente considerable. Especialmente, si lo medimos en términos comparativos con anteriores gobiernos constitucionales, desde el año 2003, se aplicaron programas de construcción de viviendas e infraestructura urbana, de mejoramiento habitacional, de participación de los actores sociales y búsquedas de consensos, de inclusión social, y de distribución directa de recursos para eliminar los bolsones de pobreza en la Argentina.

En cuarto lugar, la política de no represión sostenida desde el Gobierno Nacional es uno de los objetivos principales para la pacificación social de los argentinos. Dado que las muertes provocadas en este incidente involucraron armas de fuego, es necesario destacar que existe una campaña del Gobierno Nacional con el objetivo del “desarme” paulatino de los ciudadanos, a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que se está desarrollando en la Provincia de Jujuy desde el año 2008, por el que se destruyeron más de 107 mil armas en todo el país, en su primera etapa. Desde el RENAR se continúa aplicando la ley 26216 de manera exitosa, sin que el Gobierno de la Provincia se haya involucrado en esta importante medida nacional. De hecho, es una de las pocas Provincias que no ha adherido a la Ley Nacional, que mas allá de ser de orden público, con el impulso político que podrían haberles dado los funcionarios provinciales, el resultado hubiera sido de mucho mayor impacto. Esta es una de las muestras de que el Gobierno Nacional brega permanentemente por la paz social. El objeto fundamental de esta política es sacar de circulación las armas, legales e ilegales, en propiedad de los ciudadanos, por medio de un incentivo económico a cambio de la entrega para su destrucción.

La tenencia de armas por parte de integrantes de diferentes Organizaciones Sociales debe ser investigada a fondo, para evitar conflictos que terminen en la muerte de civiles y policías. El Estado Provincial es el único responsable de realizar esta tarea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial.

Jujuy está de duelo

El dolor que sentimos debe unirnos. Estas muertes fueron evitables. Y la indignación e impotencia que nos embarga, debe ser transformada en energía para cambiar esta realidad. Hoy, más que nunca, los jujeños necesitamos asumir una posición más interpeladora y crítica, frente a este horror. Hay muchos responsables, y cada uno deberá responder por sus actos y por sus omisiones. No se puede tolerar más las “sociedades políticas” de encumbrados dirigentes jujeños, que generaron con sus actitudes sectarias y soberbias, el escenario que permitió este enfrentamiento entre hermanos. No se le puede echar la culpa a otros.

Licenciada Carolina Moisés

Diputada Provincial por Jujuy

31 de julio de 2011

Walter Barrionuevo -gobernador de Jujuy- separó de su cargo al responsable del operativo policial que intervino en el desalojo de un predio en la localidad de Libertador San Martín, que derivó en enfrentamientos que provocaron la muerte de un policía y dos jóvenes. Aceptó  la renuncia del ministro de Gobierno de la provincia, Pablo La Villa, quien se desempeñaba además como jefe de gabinete de ministros

Barrionuevo, dijo "no encontrar explicación" a los incidentes de esta madrugada, recordó que su gobierno muchas veces fue criticado "por la consideración y sensibilidad que actuamos ante cada protesta", y subrayó que la policía jujeña tiene orden de "no llevar armas y sólo escudos", ante hechos de este tipo.

El mandatario jujeño lo expresó ayer por la tarde en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno provincial, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, y el ministro de Gobierno, Pablo La Villa.

"Como gobernador señalo que las cosas se investigarán como corresponden", expresó, y agregó: "no encuentro explicación a los sucedido en Jujuy, es rarísimo".

El gobernador se refirió así al desalojo de unas 500 familias ocurrido esta madrugada en la localidad de Libertador General San Martín, donde murieron tres personas -un policía y dos jóvenes- por impactos de armas de fuego.

Barrionuevo aseguró que desplazó al encargado del operativo policial, el titular de la Unidad Regional Cuatro, comisario Néstor Vera, y que como consecuencia de los hechos fueron atendidos en el lugar 63 personas, de las cuales 30 eran policías.

"Me llamó al atención además como un juez firmó una orden de desalojo y luego se va con liviandad de feria", dijo el gobernador quien aseguró que la gente que estaba en el predio del Ingenio Ledesma "sabían que iba a haber un operativo a tal punto que no habían mujeres ni niños" al momento de irrumpir la policía en el lugar.

Indicó que los que recibieron a las fuerzas de seguridad "estaban con gorros y con sus rostros cubiertos" y sostuvo que investigarán la versión que dice que junto a la policía actuó personal de seguridad de la empresa Ledesma.

"Las cosas se investigarán como corresponde" acotó Barrionuevo y destacó que "hubo una intención mediática también en torno a estos hechos, ya que antes de que se conociera lo sucedido en la provincia, desde Buenos Aires ya había un despliegue de medios" informando lo ocurrido.

El gobernador aseguró que "siguen internadas cuatro personas, dos policías y dos jóvenes" y ratificó que "ningún niño ingresó al hospital".

El mandatario provincial recalcó que "estos hechos se desencadenan cuando se estaban en conversaciones para desactivar este conflicto", y reiteró su sorpresa porque "en Jujuy hace mucho que vivimos en paz social".

La comisaria que se encuentra frente al predio donde se desalojaron a personas que acampaban, fue incendiada por manifestantes.

Por su parte, Eduardo Fellner, sostuvo que hubo "una utilización política" de estos hechos al tiempo que rechazó y repudió los ataques sucedidos hoy en la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires.

"Lo único que hubo fue la búsqueda de una repercusión mediática", expresó, mientras que al ser consultado sobre si podía continuar el conflicto en el predio desalojado, aseguró que "no tiene sentido, porque la policía se ha retirado".

Los policías en Jujuy tienen orden de no llevar armas de fuego, sólo escudos.

Los hechos son investigados por la jueza Carolina Pérez Rojas, quien ordenó la autopsia del policía fallecido, mientras que el fiscal es Carlos Parentis.

Bajo la consigna “Jujuy puede estar mejor”, la diputada Carolina Moisés oficializó su candidatura a Gobernador por el Frente Primero Jujuy para las próximas elecciones nacionales previstas para el 23 de octubre

La legisladora acompañada por el ex diputado Nacional, Carlos Daniel Snopek, el Presidente del bloque del FPJ, Agustín Perassi, los candidatos a diputados nacionales y senadores, Sebastian Echavarri, Javier De Vedia, el Intendente de la Quiaca, Daniel Juarez, el candidato a Intendente por la ciudad de San Pedro, Julio Moisés, afirmó estar “convencida” de asumir tal responsabilidad.

“Como mujer, como peronista, como jujeña, asumo esta responsabilidad en nombre de muchos jóvenes de la provincia”, afirmó Moisés. “Este
desafío es una opción diferente para todos los jujeños ya que todos compartimos que Jujuy pueda estar mejor”.

“Quiero ser Gobernadora de Jujuy, quiero construir una realidad distinta, veo a la política de una manera diferente a la que quizás muchos estamos acostumbrados a ver de otra manera”, expresó.

Luego Moisés dijo estar convencida de proponer a Jujuy un espacio flexible, dinámico y moderno para la Provincia.

“Contamos con un gran equipo que tiene una gran trayectoria, con experiencia política, hay convicción profunda de que realmente tenemos que hacer cosas diferente y eso queremos para Jujuy”.

“Con nuestros diputados provinciales, nuestros intendentes, nuestros concejales, nuestros comisionado y vocales, todos nuestros militantes del FPJ, fundamentalmente aquellos que miran la política desde afuera y tienen una enorme ganar de sumarse, este es el momento de hacerlo”.

La candidata a Gobernadora dejó en claro que seguirán apoyando el modelo nacional al decir que “este Gobierno de la Presidente Cristina de Kirchner le dio a la Argentina soberanía política, independencia económica y justicia social y eso queremos para Jujuy”.

Finalmente Moisés agradeció al ingeniero Carlos Daniel Snopek por depositar la confianza en su persona para asumir este desafío.

Luego el ex diputado nacional Carlos Daniel Snopek mencionó que “los que hemos elegido en forma conjunta con todos los dirigentes de la provincia a la licenciada Carolina Moisés para que nos represente en las elecciones del mes de octubre, no es un hecho aleatorio o traído de los pelos, sino tiene que ver una trayectoria de vida, de política, y no hay nadie quien se haya negado de su candidatura con fundamentos, tiene que ver con una cosa importante que en este frente hay futuro en los jóvenes y en Jujuy”.

“Hoy estamos asistiendo un hecho trascendente en la vida del Frente, estamos proponiendo a una joven dirigente, inteligente, trabajadora para que nos represente”.

“Esto es una señal, ya que los jóvenes tienen el espacio abierto para trabajar por su provincia, por su gente, para construir un Jujuy mejor, un Jujuy que tiene que asimilarse aquel que supo ser”.

“Hoy Jujuy está subsumido en un estado de desesperanza para todos los jujeños que veo caminar por la calles mirando al suelo sin poder levantar la vista, sin alegría, sin fe, sin esperanza y a contramano del país que avanza de una manera ostensible, notoria, singular”.

“Jujuy retrocede en el contexto de otras provincias, es por eso que estoy seguro de que Carolina Moisés nos representaría muy bien e intentaría  con toda su fuerza y energía llevar adelante muchos principios que muchos hemos intentado hacer un Jujuy mejor”, finalizó.

Diez provincias con producción minera conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que tendrá como objetivo coordinar y unificar normas del sector que permitan generar un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social

El lanzamiento se concretó durante un encuentro que se celebró este miércoles en la Casa de la Provincia de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires, en el que participó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El gobernador de Jujuy y presidente designado de la OFEMI, Eduardo Fellner, tuvo a su cargo la lectura al acta constitutiva de la entidad, que entre sus objetivos fundacionales reivindica el "desarrollo de la actividad minera en un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social".

La OFEMI tiene objetivos y características similares a la Organización Federal de Estado Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), conformada por las provincias petroleras y que actualmente es presidida por el gobernador de Chubut, Martín Buzzi.

De Vido, al participar de una conferencia de prensa junto con Fellner y con la gobernadora catamarqueña Lucia Corpacci, ponderó la creación del organismo y explicitó la voluntad de cooperación del Gobierno nacional en favor de la firma de un "acuerdo federal minero".

"Hemos tomado el compromiso, hemos recogido el guante de esta organización federal y vamos a avanzar y a trabajar en un acuerdo federal minero", adelantó el ministro, que además destacó la necesidad de "seguir avanzando en la mayor distribución de la riqueza de la actividad minera en la comunidad".

Al hablar con la prensa antes de ingresar a la sede de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, adelantó que la reunión no tenía como fin revisar las regalías que las empresas mineras aportan a los fondos provinciales.

Además de De Vido, Fellner, Corpacci, Buzzi y Urtubey, el acta de conformación de la UFEMI fue rubricada por los gobernadores de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Mendoza, Francisco Pérez; de San Juan, José Luís Gioja; y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

También estamparon su firma el ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco; el vicegobernador de Santa Cruz, Fernando Cotillo; y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.

El ministro de Planificación Federal destacó la importancia de que las provincias puedan integrarse con el sector privado y encarar emprendimientos en el sector minero, como sucede actualmente en Santa Cruz.

Este tipo de asociación permitirá redundar en la potenciación de los porcentajes de regalías que recibirán las provincias, por su participación en la explotación.

Cuáles son los cimientos de la organización minera

El gobernador jujeño, Eduardo Fellner, en su carácter de presidente de la Ofemi brindó detalles de cómo se trabajará y cuáles serán los objetivos de la flamante organización.

“Es un hecho trascendente, un salto cualitativo, hacia el desarrollo de la actividad minera que pretendemos sea razonable y sustentable en nuestro país con cuidado de nuestro medioambiente, respeto a las comunidades originarias y sus derechos, y una muy fuerte promoción económica, laboral y social en un amplio territorio de la República”, se congratuló Fellner.

Así, y ante un grupo de periodistas, anunció que “en esta primera instancia, pretendemos interactuar entre las distintas provincias, que somos los propietarios de los recursos minerales, el Gobierno Nacional, los organismos municipales, en aras de lograr una coordinación de criterios de acciones para la aplicación de la normativa vigente (tanto internacional como nacionales, provinciales, ordenanzas municipales) para que se apliquen con un mismo criterio”.

Sus objetivos serán:

-Agregar valores agregados a nuestros productos minerales a partir de una mayor industrialización en los sitios de extracción.

-Realizar acciones para sustituir importaciones en materia de bienes, insumos, repuestos.

-Buscar a través de la interacción capacitar a los recursos humanos que tenemos, generando mano de obra especializada.

-Insistir en el desarrollo de la minería social, la minería pequeña de empresarios mineros, organizándolos y fomentando su competitividad.

-Buscar mecanismos de resolución de conflictos.

-Impulsar el esclarecimiento de lo que es la actividad minera, de los impactos que produce y de todo el beneficio que se puede derivar de un manejo sustentable de la actividad.

El funcionario confirmó que “se ha decidido conformar una Comisión Fundacional” que la integran como presidente a Eduardo Fellner, como vicepresidente Lucía Corpacci, como secretario Juan Luis Gioja y como enlace a Juan Manuel Urtubey.

Sostuvo que “esta nueva comisión tendrá que redactar en pocos días un estatuto de funcionamiento y también una propuesta de un nuevo acuerdo federal minero con el que ratificaremos esta voluntad política de llevar hacia un puerto de desarrollo y crecimiento de la actividad minera en la Argentina con respeto al medioambiente, participación de las comunidades originarias y una actividad que nos genere crecimiento económico e inclusión mediante el empleo”.

Aclaró que “cada una de las provincias va a mantener su autonomía pero en solidaridad y colaboración”. “Vamos a impulsar la participación del Estado a través de sociedades con distintas figuras, estaciones, límites, pero apostando a la participación del crecimiento de todo esto”, acotó al respecto.

Además, consideró que “hay que ir fijando pautas de paralelismo entre las provincias. En el NOA se están reuniendo en un foro. La idea es ir buscando similares reglas de juego”.

Consultado, entonces, sobre el plazo para generar estas nuevas sociedades, dijo que “cada una de las provincias tiene libertad de armar las sociedades estatales. La primera que ha constituido una sociedad es Santa Cruz, en el caso de mi provincia se hará en el transcurso de esta semana”.

Fellner consideró que en cuanto a las manifestaciones “hay muchas politización en muchos temas, otros son reclamos por el medioambiente. La función de esta nueva organización supera mucho a esto y pretendemos dar solución”.

Finalmente, aclaró que “en cuanto a las regalías todavía no hemos hablado nada, veremos cómo avanzamos con el acuerdo federal minero”.

“Queremos desarrollar a la minera como actividad noble, básica para el desarrollo, racional y sustentable”, concluyó.

A través de un comunicado, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Argentina, denunció que "estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”. AI junto a los organismos de derechos humanos CELS y ANDHES solicitaron ante la CIDH medidas cautelares que garanticen la libertad de Sala y otros tres militantes acusados

"Milagro Sala ha sido acusada de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos; y de no respetar el plan de regularización de cooperativas decretado por el gobierno provincial, a pesar de no ser autoridad formal de ninguna de ellas", se indicó en el comunicado.

A través de una "acción urgente", la organización solicitó que se garantice la integridad física de Sala, se ordene su inmediata liberación y se ponga fin a la persecución de la dirigente y las organizaciones sociales.

Mediante un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), informó que mediante una acción conjunta con Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) se realizó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que libre medidas cautelares que garanticen "la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy".

Comunicado completo

"El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) realizamos hoy una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, Alberto Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS).

En un escrito pedimos que la Comisión otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy.

En los últimos días, referentes de la organización barrial Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy han sido víctimas de hostigamiento y persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en esa provincia. Este accionar incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala, referente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur. Su detención está siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada.

Milagro Sala está acusada de organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación al cual ella estaría instigando) en rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición). El gobierno provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación formalista contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la protesta, se ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un procedimiento lleno de irregularidades. En un proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva.

La privación arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social implica un daño irreparable para las personas directamente involucradas y también tiene efectos intimidatorios para el conjunto de la comunidad. En la presentación realizada a la CIDH, las organizaciones de derechos humanos alertamos sobre esta alarmante situación: “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de desalojo de la protesta. Se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmamos.

Las medidas judiciales impulsadas por el poder ejecutivo de la provincia de Jujuy procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes. De esta manera, el Estado en lugar de generar condiciones efectivas para el ejercicio de la protesta como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone impedir su desarrollo. Esta restricción de las libertades democráticas por vía de la obstaculización y criminalización del derecho a la protesta tienen la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad que justifican el otorgamiento de las medidas cautelares que le solicitamos a la Comisión".

LaPistaOculta GR

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, expresó el "repudio" del gobierno nacional por los hechos de violencia registrados ayer en Jujuy y solicitó a la justicia que "se investigue y se esclarezcan en forma inmediata" los episodios, en los que murieron cuatro personas. Expropiarían las tierras

"El gobierno nacional repudia los hechos de violencia sucedidos en la ciudad Libertador General San Martín de la provincia de Jujuy, y solicitamos a la justicia que, en forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”, señaló el ministro en un comunicado.

El titular de la cartera Política sostuvo que “también le hemos pedido al Gobierno provincial que separe de sus funciones a quienes hayan tenido responsabilidad en estos hechos”.

El ministro agregó que “es necesario también que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”.

Randazzo afirmó que “este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social" y sostuvo que "es imprescindible que se actúe rápidamente y se haga justicia”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su “honda preocupación” por los muertos de la provincia de Jujuy durante el desalojo de un predio cercano al ingenio Ledesma y abogó por desterrar “el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos” sociales, en línea con la política definida por el gobierno nacional en la materia.

El organismo aludió a “un enfrentamiento ocurrido cuando efectivos policiales intentaban desalojar un predio cercano al Ingenio Ledesma”.

“Frente a estos hechos, la Secretaría reitera su convencimiento de que las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión”, dice la declaración.

Recuerda que “el Gobierno Nacional, desde mayo de 2003, ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo, y efectúa un llamamiento para que se privilegie la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto por quienes reclaman por sus derechos como por quienes tienen la tarea de mantener el orden”.

La Secretaria hizo llegar también “sus condolencias a las familias de los muertos en el enfrentamiento y formula votos para que el conflicto llegue a su fin sin que se produzcan nuevos episodios de violencia”.

NUEVO MINISTRO Y EXPROPIACIÓN

El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, designó hoy en forma interina en el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia a Hugo Echavarri, quien se desempeña como secretario del Interior de la Provincia.

Echavarri reemplazará a Pablo La Villa, a quien el gobernador le aceptó anoche su renuncia, se informó oficialmente.

Desde Casa de Gobierno se informó además a Télam que el gobernador envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Expropiación de Tierras.

El proyecto prevé la expropiación de tierras en las localidades de Libertador San Martín, Fraile Pintado y Pampa Blanca, y podría tratarse esta tarde en una sesión legislativa.

La diputada nacional por el Frente para la Victoria (FPV), Mayra Mendoza, fue brutalmente golpeada por la Policía en la puerta de la sala de audiencias en San Salvador de Jujuy, donde se desarrolla la audiencia final por la causa que investiga el escrache a Gerardo Morales en 2009.

La diputada Mayra Mendoza, fue golpeada en Jujuy por la policía en la puerta del juzgado en el día donde se esperaba la sentencia del juicio a Milagro Sala. La audiencia era pública.

“Estábamos esperando junto a legisladores naciones y organismos de derechos humano, para poder ingresar a la audiencia pública y la verdad que no fue pública porque nos impidieron el ingreso”, expresó la legisladora Nacional.

La diputada del Frente para la Victoria habló para Radio del Plata, en entrevista se preguntó: "Si reprimen así a un diputado, ¿qué le queda al ciudadano?" y afirmo: "En la provincia de Jujuy hoy no hay Estado de derecho hay una alteración del orden democrático".

Audio

Horacio Pietragalia, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz,  denunció también que durante la represión un policía arrinconó y manoseó a una "compañera consejal de Lomas de Zamora" presente allí.

Por su parte, a través de un comunicado, el grupo de senadores del FVP repudió lo sucedido con la diputada Mendoza. "El bloque de diputados nacionales FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, repudia enérgicamente la represión que sufrieron legisladores nacionales en Jujuy, mientras intentaban ingresar a la audiencia pública para escuchar la sentencia y acompañar a Milagro Sala", escribieron.

Y continúa: "La policía de Jujuy golpeó salvaje y cobardemente a la diputada nacional Mayra Mendoza, quien junto a otros compañeros viajó a la provincia que gobierna Gerardo Morales, y detuvo a Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham".

"Nuestro bloque presentó la semana pasada un proyecto para pedir la intervención federal de Jujuy, porque Milagro Sala está detenida en una provincia donde no existe el estado de derecho. La situación vivida hoy no hace más que confirmarlo".

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Comunicado de La Cámpora
ANTE LA REPRESIÓN ORDENADA POR MORALES EN JUJUY

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión ordenada por el gobernador Gerardo Morales hacia diputados nacionales, legisladores, concejales y manifestantes que se acercaron a brindarle apoyo a Milagro Sala, detenida ilegalmente y llevada a juicio por una acusación del propio Morales.mayraJujuy La decisión arbitraria del gobernador provincial, de prohibir el ingreso a la audiencia oral y pública, mandando a su policía para impedir el paso de las personas que se encontraban en la puerta del Tribunal, derivó en una represión en la que fue golpeada la diputada nacional Mayra Mendoza, y golpeado y detenido el concejal de Hurlingham Martín Rodríguez, entre otros heridos.Responsabilizamos por todo lo sucedido al gobernador Morales, y exigimos a Mauricio Macri que acompañe el rechazo generalizado a estas políticas represivas, tomando las medidas que tiendan a garantizar la liberación de Milagro Sala y el reestablecimiento de las garantías constitucionales en la provincia de Jujuy.

El magistrado jujeño Raúl Gutiérrez libró una orden de detención contra tres personas que habrían protagonizado el ataque con armas de fuego a Milagro Sala -que ya había sido amenazada- y miembros del Frente Unidos y Organizados. La causa fue caratulada como “homicidio calificado en grado de tentativa y concurso real”. Impactantes imágenes del ataque en video

El juez de Control de Turno habilitado, Raúl Gutiérrez, libró esta noche una orden de detención contra tres personas que supuestamente protagonizaron el ataque con armas de fuego a Milagro Sala y a miembros del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular. El pedido fue realizado por el fiscal de Investigación Penal Nº 4, Aldo Lozano.

*Actualización 11 hs: El fiscal Lozano, que investiga el atentado contra Milagro Sala, informó hace instantes que en la madrugada fueron detenidas dos personas presuntamente involucradas en el hecho. Pero dijo que aún "es apresurado" confirmar a qué agrupación pertenecen. "Anoche solicité al juez la detención de diez personas más, y a las 2 de la mañana fueron apresadas en sus domicilios dos personas, que en principio estarían involucradas en el hecho", dijo a radio Vorterix.

Imagen TiempoArgentino

Las personas a las que se les pidió su detención son Federico Néstor Zerda, Jesús Moreno Martearena y Alejandro Sequeiros, imputados por la supuesta autoría del delito de "homicidio calificado en grado de tentativa". Los tres hombres eran buscados por personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía provincial, según un comunicado de la oficina de prensa de Tribunales. El fiscal explicó que se han individualizado a seis de los atacantes y que, hasta el momento, no se encuentra en condiciones de afirmar la pertenencia de los agresores a organización social, partido político o entidad gremial alguna.

Lozano aclaró hoy algunas versiones sobre el ataque que sufrió Sala. Entre ellas, la del diario El Tribuno, que aseguró fue un “enfrentamiento” entre facciones, o entre militantes de la Tupac Amaru y ex integrantes de la misma, que tras ser expulsados de la organización por la propia líder, supuestamente integrarían un nuevo espacio. “No se puede hablar de bandos, hubo un grupo agresor”, expuso el fiscal. Y agregó: “aún es muy prematuro hablar de las motivaciones”.

La organización puso a disposición de la Justicia un video de la agresión. A partir de las imágenes, el fiscal constató cómo los atacantes se abalanzaron sobre la caravana, en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Estados Unidos. La emboscada se produjo entre las 18 y las 19 del lunes. Lozano dijo que a partir del relato de cinco testigos, tres de los agresores ya fueron identificados. Sus identidades se van a constatar con el análisis del video que está en su poder.

La causa fue caratulada como “homicidio calificado en grado de tentativa y concurso real”. Aseguró que “los disparos fueron direccionados a matar y realizados hacia el contingente” y contó que las investigaciones se están realizando con la colaboración de la División Homicidios de la Policía de la provincia.

Luis Paz, coordinador del grupo de abogados de la Tupac Amaru, aseguró que las agresiones a la caravana del Frente Unidos y Organizados de Jujuy tenían por objetivo “eliminar a Milagro”, y apuntó a los sectores tradicionales de la política de la provincia. “Son gente que trabaja para el radicalismo”, denunció, y atribuyó el ataque al partido que tiene como referente al senador Gerardo Morales. “El compañero que recibió el impacto de bala en el abdomen, se puso delante de Milagro para protegerla”, detalló Paz. Y aseguró: “No cabe duda de que esto estaba dirigido a eliminar, o a producir un daño grave a Milagro”.

Durante la mañana, Morales calificó el hecho como “una guerra de mafias”, e instaló la versión de que se trató de “un enfrentamiento entre la Tupac y grupos de ex militantes” a los que identificó como “barras bravas del club Lavalle”. En el mismo sentido se refirió a la emboscada el diario El Tribuno, que habló de un enfrentamiento entre facciones.

“Esta mañana nosotros aportamos las filmaciones”, informó el abogado de Sala, y adelantó que en minutos se estarían librando órdenes de captura y allanamiento para detener a las siete personas que ya fueron identificadas a partir de las imágenes y los testimonios. Anoche mismo el fiscal Lozano tomó declaración testimonial a varias personas, y en el transcurso del día los peritos médicos presentarán informes sobre el estado de salud de las dos personas que recibieron los balazos.

A tres días del cierre de campaña y el comienzo de la veda electoral, la caravana era filmada por los mismos militantes, que aprovecharon las cámaras para registrar el ataque. Fue en una emboscada a la caravana de campaña del frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, en el barrio Mariano Moreno de la capital de Jujuy. Los agresores atacaron a balazos al grupo de militantes entre los que se encontraba la referente de la organización barrial Tupac Amaru. Dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Raúl Noro, esposo de Sala –que salió ilesa-, detalló que los agresores “ya se encuentran identificados”, y denunció que se trató de “gente pagada que trabajó en la campaña del radicalismo realizando pintadas”, que también habría trabajado para Carlos “el Perro” Santillán, secretario general del gremio de estatales de Jujuy. Santillán inmediatamente se despegó del ataque. Declaró que al momento de la agresión se encontraba reunido con la intendenta de Humahuaca. Además, y aseguró que tomó conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación de Buenos Aires.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Pablo Soria. José Fabio Osca, de 31 años, es el que está más complicado. Llegó con una herida de bala en el abdomen, fue operado con éxito y permanece estable, pero en terapia intensiva. Facundo Villalobos, de 32 años, recibió un balazo en su cara, que entró por la boca y salió por la mejilla. Anoche, después de las curaciones, fue dado de alta.

Sala ya había recibido amenazas pocos días después de las elecciones primarias, cuando Sergio Chorolque, uno de sus hijos, recibió tres mensajes de texto durante el transcurso de su programa de radio “Tupac en el Aire”. La candidata a diputada presentó la denuncia formal ante el fiscal Gustavo Araya, y detalló que en los mensajes se amenazaba de muerte al joven, a su hermana Claudia, y a la referente de la Tupac Amaru.

Fuente Infojus

LaPistaOculta/GR

Los precandidatos presidenciales, Mauricio Macri y Ernesto Sanz, respaldaron la postulación de Gerardo Morales durante un encuentro en el que quedó oficializada la incorporación del PRO al armado opositor para competir con el kirchnerismo en la provincia

Los precandidatos presidenciales del PRO, Mauricio Macri, y de la UCR, Ernesto Sanz, se mostraron junto al postulante radical a la Gobernación de Jujuy, Gerardo Morales, para terminar de cerrar la alianza provincial.

Morales había sido uno de los primeros candidatos radicales del interior del país en acordar con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pero luego de que el Comité Nacional de la UCR decidiera aliarse a Macri, y a Elisa Carrió, el radicalismo jujeño y el PRO abrieron nuevamente el diálogo.

Este miércoles el acuerdo provincial con el macrismo quedó cerrado con el acto que Sanz y Macri encabezaron en el Hotel Palace de San Salvador de Jujuy junto a Morales.

Morales, agradeció al precandidato del PRO, Mauricio Macri, por la actitud de “comprender la situación de Jujuy” y ratificó que acompañará la decisión tomada por el radicalismo en su convención de Gualeguaychú, en marzo pasado en relación al acuerdo nacional sellado con el macrismo y la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.

En ese sentido, sostuvo que más allá del resultado de las primarias nacionales de 9 agosto próximo "nosotros vamos aportar toda la fuerza y la territorialidad de la Unión Cívica Radical para que este proyecto pueda cambiar las cosas en la Argentina”.

A su turno, Sanz expresó “nuestra presencia aquí demuestra que las coincidencias son muchos más fuertes y más potentes que cualquier pequeña diferencia. Y estamos acá porque coincidimos en algo central: queremos aportar, apostar y dar todo lo que tenemos de nuestro esfuerzo para que la Argentina cambie y Jujuy cambie”.

“Estamos convencidos -continuó- de que a partir de esta circunstancia que tiene efectos nacionales por lo que está ocurriendo hoy acá, está teniendo impacto en cada rincón de la Argentina que quieren un cambio”.

Antes de dar lugar a las preguntas de la prensa, Macri tomó la palabra adhiriendo a lo expresado por Morales y Sanz respecto del acuerdo y auguró: “esperamos poder ir desarrollando confianzas que nos lleven a trabajar mejor cada día todos juntos”.

Sobre la articulación del nuevo acuerdo y el ya concretado con Sergio Massa, Morales reiteró que “en Jujuy se dio un acuerdo mucho más amplio, producto de la realidad de la provincia”.

“Aquí estamos haciendo un esfuerzo dirigentes del radicalismo y del peronismo que estuvimos enfrentados históricamente”, refirió.

Sanz reafirmó que “no tiene que quedar ninguna duda que desde el momento en el que decidimos construir un espacio común nos hemos comprometido como regla de oro que la competencia de agosto arrojará un ganador y ese ganador tendrá derecho a conducir el proceso siguiente”.

“Y los que pierdan -agregó Sanz- tienen la obligación de acompañar, de integrarse. Entre todos tendremos la satisfacción, sea cual sea el resultado de agosto, que le vamos a ganar al kirchnerismo en la primera vuelta de octubre”, finalizó.

El acuerdo que alcanzaron en la provincia implicó que Macri bajara a su candidato a gobernador, José Antonio Balut, al tiempo que el PRO llevará una lista de diputados provinciales propia, colgada de la boleta de Morales, que llevará su propia nómina de legisladores.

No obstante, el candidato radical respetará el acuerdo que antes había sellado con Massa, quien también podrá llevar sus candidatos a diputados, y evalúa llevar como compañero de fórmula a un dirigente del Frente Renovador.

Fuente Ámbito Financiero/Télam

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Tras permanecer detenida un año y después de que distintos organismos internacionales hayan pedido su liberación, comenzó el primer juicio a Milagro Sala por amenazas y daño agravado. Una causa que impulsa el gobernador Morales desde 2009, cuando en una manifestación en su contra le tiraron huevos. La líder de la Tupac Amaru ni siquiera estaba entre los manifestantes

"A Gerardo Morales le molesta que los negros nos organicemos. Está indignado porque soy peronista. No organicé la protesta" señaló la dirigente.

"Me entere de la protesta por los medios. Es mentira que organicé la protesta contra Gerardo Morales, si no hubiera dado la cara", afirmó la encarcelada dirigente de la organización Tupac Amaru en el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, en el que también están acusados otros dos referentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.

"La bronca de Morales conmigo es porque soy peronista y porque he decidido militar y comenzar a defender las banderas de la dignididad, y porque no quise ir con ellos, cuando me invitaron a militar", señaló en la extensa declaración que marcó la primera audiencia del juicio.

Sala atribuyó al "rencor de Morales que en menos de seis meses me llené de tantas causas", además de la causa por los hechos de 2009 que significó para ella, según afirmó, "ocho años de persecución".

"Pero yo lo he perdonado, no le tengo rencor, no le tengo bronca, pertenezco a los pueblos originarios y nos enseñaron que a las personas que hacen daño las perdonamos internamente (...) Lo que si me duele es que mientan porque tengo familia", aseveró.

La denuncia que dio origen a este juicio oral fue hecha por Morales tras una manifestación en su contra ocurrida en octubre de 2009, cuando era senador nacional, en la que le arrojaron huevos. En ese hecho, la dirigente enjuiciada no estuvo, pero se la acusa de ser instigadora. La única prueba en su contra es el testimonio de un hombre que la señaló como partícipe de una reunión para organizar el “escrache”, sobre la cual no hay pruebas de que haya existido.

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